Lunes, 22 Enero 2018
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Cientos marchan para exigir a Peña Nieto vetar polémica Ley de Seguridad.

Cientos de mexicanos marcharon hacia la residencia oficial del presidente Enrique Peña Nieto para exigirle que vete la Ley de Seguridad Interior, recién aprobada por el Congreso, que formaliza el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Convocados por el colectivo de derechos humanos Seguridad Sin Guerra, formado por familiares de víctimas de la violencia, académicos y delegados de unas 140 agrupaciones civiles, unos 500 manifestantes partieron al mediodía del monumento conocido como Estela de Luz hacia la residencia presidencial de Los Pinos. “Peña, fascista, veta la ley golpista” y “Queremos paz, queremos paz, contra la guerra y la impunidad, queremos paz” eran algunos de los lemas que coreaban los manifestantes, en su gran mayoría jóvenes, durante el trayecto de casi cuatro kilómetros.

La actriz de teatro Lilian Lara dijo dijo haberse sumado a la movilización porque la ley es “inconstitucional”. “¿Por qué entonces todos han votado a favor. Ahí hay una incongruencia muy grande. De lo que habla es de represión y de un absurdo gigante”, manifestó tajante. Con 262 votos en favor, 25 en contra y ninguna abstención, la Cámara de Diputados ratificó el dictamen de la Ley de Seguridad Interior con las modificaciones enviadas por el Senado y lo envió al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor.

La ley reafirma la función del Estado para preservar la seguridad interior e indica que, a nivel local, se podrásolicitar la intervención de laFederación ante problemasde seguridad y obtener unaDeclaratoria de Protección.

Esta declaratoria deberá precisar la vigencia de la participación de la Policía Federal o de las Fuerzas Armadas, que no podrá exceder un año, pero con la posibilidad de prorrogarse si hay justificación.

Si las amenazas a la seguridad representan un “grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones”, el presidente podrá ordenar acciones inmediatas de las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas.

Los militares asumieron tareas de seguridad pública en la llamada guerra contra el narcotráfico emprendida por el Gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012).

El nuevo ordenamiento ha causado gran controversia. Mientras para algunos es una forma de regular el papel de los militares en actividades que llevan realizando una década, para otros perpetúa su presencia en las calles en un país con 150,000 muertes vinculadas al crimen organizado en ese lapso y más de 30,000 desaparecidos. Antes del aval legislativo, Amnistía Internacional se sumó a la exigencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones civiles “de generar un diálogo nacional” para defender los derechos humanos. La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Elisabeth Throssell, calificó de “lamentable” la aprobación e indicó que la posición del alto comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, es que el principal defensor de la seguridad nacional debe ser la Policía no las Fuerzas Armadas.

El grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano anunció que presentará en la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad contra la ley, al considerar que “esconde la intención de militarizar el país”. A su vez, la CNDH reiteró su “preocupación porque el contenido de la Ley de Seguridad Interior contravenga o propicie que se vulneren los derechos humanos” y anunció que estudiará presentar por su parte una acción de inconstitucionalidad.

Un sondeo reveló que 59 % de los mexicanos apoyan que los militares participen legalmente, al considerar que están mejor preparados, además de la debilidad de las policías municipales, coludidas con criminales, es una de las razones que alegan quienes favorecen la presencia.

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