Martes, 07 Diciembre 2021
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Batalla crucial

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Será la madre de todas las batallas. Y se librará en el Capitolio de Washington mientras los árboles van cambiando el verde por ocres, rojos y amarillos. Un otoño en el que Joe Biden se juega lo que será el legado de su presidencia. En las próximas dos o tres semanas se discutirá en ambas cámaras del Congreso su ambicioso plan social de 3,5 billones de dólares denominado “Reconstruir mejor”. Si fracasan, los demócratas se enfrentarán el próximo año a unas muy duras elecciones de medio término. Si tienen éxito, conseguirán una victoria legislativa que definirá la historia del país en las próximas dos décadas, como el New Deal de Franklin D. Roosevelt y la Gran Sociedad de Lyndon Johnson.

 

La Cámara de Representantes tomó un acuerdo vinculante del paquete de reconstrucción de infraestructura por 1.000 millones de dólares, ya aprobado por el Senado, para sumarle los 3,5 billones de dólares que contiene las prioridades políticas sociales demócratas. El proyecto de ley de infraestructuras tuvo un inusual apoyo bipartidista el mes pasado en la cámara alta. Los demócratas intentan, ahora, asegurar su paquete de gastos mediante un proceso especial legislativo, la reconciliación, que evitará que sea bloqueado por los republicanos del Senado. Para lograrlo, será necesario el voto de todos los senadores demócratas que tienen el 50% de las bancas y de casi todos los demócratas de la Cámara de Representantes. Eso da a cada legislador una enorme influencia.

 

“Creo que este es un momento de gran cambio potencial”, dijo Biden recientemente. “Este es nuestro momento para que los trabajadores vuelvan a tener su parte de la economía”. Pero en el sistema estadounidense el poder para los cambios fundamentales continúa en manos del Congreso. Lo recuerda Lauren Gambino en su nota de The Guardian: El único poder real que tiene un presidente, como dijo el gran politólogo Richard Neustadt, es el poder de persuasión.

 

La alianza entre moderados y progresistas demócratas es muy precaria. Será puesta a prueba el 27 de septiembre, cuando se espera que se vote en la cámara baja el primer paquete de los 1.000 millones para financiar la reconstrucción de puentes, autopistas, la red de banda ancha y otros proyectos de infraestructura. En este caso hay consenso, pero el ala izquierdista ya anunció que va a hacer fracasar la aprobación si sus adversarios no prometen aprobar también el otro proyecto más ambicioso. Aquí es donde se verá la mano de Biden con cuatro décadas de experiencia en el Congreso.

 

El ex candidato presidencial y senador izquierdista por Vermont, Bernie Sanders, es clave en esta negociación. Ocupa el cargo de presidente de la Comisión de Presupuestos y es uno de sus mayores promotores de la iniciativa. Dice que se trata de “la legislación más consecuente con los principios demócratas desde los años 30, FDR y el New Deal”. Los opositores republicanos como Karl Rove, ex jefe de estrategas cuando George Bush estaba en la Casa Blanca, cree que la legislación crearía “un peligroso subsidio estatal de la cuna a la tumba”.

 

Sí es cierto que el plan afectaría casi todos los aspectos de la vida de los estadounidenses. Contiene importantes iniciativas sobre el cuidado de los niños, la asistencia social, la atención domiciliaria, la educación, la sanidad, la inmigración, el trabajo y el cambio climático, financiadas en gran parte por aumentos de impuestos a las empresas y a los estadounidenses más ricos. “La educación preescolar universal, la desgravación scal por hijo, la universidad comunitaria gratuita, son políticas visibles que realmente cambian la economía de lo que significa ser padre en Estados Unidos”, explicó Suzanne Kahn, direc- tora de un centro de estudios progresista en un debate de la cadena MSNBC.

 

La mayor preocupación de los conservadores es el aumento de los impuestos para financiar el plan. La tasa impositiva máxima propuesta volvería al 39.6% para las parejas que ganan más de 450 mil dólares y habría un impuesto del 3% para los estadounidenses más ricos que ganen más de 5 millones al año. Para las grandes empresas la propuesta elevaría la tasa impositiva corporativa, del 21% al 26.5% sobre ingresos superiores a los 5 millones de dólares.

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