Representante demócrata dice que el gobierno ataca deliberadamente a hospitales católicos.
 La representante estatal demócrata Rebecca Hamilton anunció indignada esta semana, que presentará un proyecto de ley para contrarrestar regulaciones federales que prácticamente obligan a organizaciones hospitalarias católicas a pagar por “actividades a las que se oponen moralmente, incluído el aborto”, dijo en un comunicado.
La representante por la Ciudad de Oklahoma sostuvo que el Departamento de Servicios Humanos y de la Salud, DHHS por sus siglas en inglés, estaba queriendo forzar a los grupos religiosos que operan hospitales en Oklahoma y todo el país, a detener campañas morales respecto al controversial tema.
De acuerdo a regulaciones recientemente anunciadas por el DHHS, los hospitales católicos tendrán que proveer cobertura para las necesidades de atención abortiva dentro de los planes de seguro médicos de sus trabajadores.
“Este reglamento no contempla las excepciones para aquellas organizaciones que por razón de creencias religiosas y morales se opongan a cualquier forma de abortos”, añadió la representante.
“Este tipo de políticas ordena directamente a las organizaciones religiosas a violar sus propias líneas de creencia moral concerniente a temas tan importantes como la santidad de
la vida humana”, dijo.
“Por muchos años he escuchado que si los cristianos no creen en los abortos, no deberían practicarlos y ya, dejando que lo haga el resto del mundo. Ahora se va más allá y se les dice a la organizaciones religiosas que tienen que ofrecer servicios de aborto a sus empleados o cerrar sus puertas”, añadió Hamilton.
La representante dijo también que era muy cuidadosa con comentar las razones por movimientos de la política del gobierno, pero que también es testigo que los líderes de la iglesia católica han trabajado por meses para tratar de llegar a un acuerdo, pero que de pronto se han implementados dichas normas de todas maneras.
“Esto me deja sin más opción que aceptar que es un ataque deliberado, casi malicioso, a la iglesia católica, en un aparente intento de forzarlos a cerrar sus hospitales”, dijo Hamilton.
“Esta actitud, añadió, viola la separación de poderes entre el estado y la iglesia y un directo ataque a la práctica de la religión sin interferencia del gobierno”, finalizó la representante, al momento de invitar a todos sus colegas a sumarse a su pedido cuando se reinicien las sesiones legislativas este seis de febrero próximo.
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